Promover la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la mejora de la gestión pública y la protección de datos personales, mediante acciones como auditorías, prevención de faltas administrativas y fortalecimiento de los Órganos Internos de Control (OICs) para lograr un gobierno más eficaz y confiable, alineado con políticas nacionales anticorrupción.